Denunciaron que Fonatur y Tren Maya se han negado a especificar la suma exacta de las decenas de hectáreas.
Los propietarios de los terrenos expropiados para el Tren Maya, en Campeche, instalaron un plantón para exigir el pago del valor de sus propiedades, que debió hacerle el gobierno federal desde enero de este año, tras la expropiación realizada el 14 de noviembre de 2023.
El plantón, ubicado frente al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, también tiene como finalidad exigir la la liquidación de la deuda por "bienes distintos a la tierra", más otra por la renta de la ocupación temporal. Además, buscan que la empresa Mota Engyr cumpla con las obras complementarias pendientes, para afrontar las afectaciones a quienes se dedican a la agricultura, ganadería, minería, entre otras actividades.
Denunciaron que Fonatur y Tren Maya se han negado a especificar la suma exacta de las decenas de hectáreas y el monto definitivo de la compra que el gobierno federal ha llamado “expropiación” que asciende a varios millones de pesos.
“La encargada de la oficina, Soraya Noverola, vino hoy a tratarnos con prepotencia y altanería, amenazándonos con echarnos a la Guardia Nacional, pero como en ese momento habíamos varias mujeres, no le permitimos que nos maltrate”, se quejó Etibeth Perales Escalante, una de las afectadas.
Enrique y Etibeth Perales Escalante, Gustavo Rodríguez Valle, José Luis Bolaños Castillo, Gerardo Rodríguez Valle, Francisco MacGrégor y Yamile Viana Carvajal, representante legal de la familia Aguilar Camejo dijeron que ya se acercó a dialogar un representante de la Dirección de Gobernación de la Secretaría de Gobierno estatal, Daniel Vargas, ofreciendo buscar opciones de solución.
Las tierras expropiadas forman parte de uno de los tramos, el de 18 kilómetros de construcción del Tren Maya en Campeche, cuya inversión oficial fue de 300 millones de pesos.
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Los afectados dijeron que han entregado oficios incluso en la Presidencia de la República, y otras dependencias federales.
Entrar en un litigio, reconocieron, podría llevarles hasta diez años de pleito jurídico, por eso insisten en encontrar una solución a la deuda.
“No podemos decir que vamos a hacer descuentos ni nada, porque ni siquiera nos han definido el monto final, nos tienen a ciegas”, agregó.