Con la reforma al Poder Judicial, los jueces van tener la arrogancia de sentirse libres, no van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lanzó una contundente crítica al sistema judicial mexicano, afirmando que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están al servicio de las grandes corporaciones económicas y financieras, tanto nacionales como extranjeras.
Estas declaraciones surgen en el contexto de la discusión de la reforma al Poder Judicial que el mandatario ha impulsado, con el objetivo, según él, de combatir la corrupción y eliminar los privilegios de los sectores más poderosos del país.
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“Hay ministros que dependen de los hombres con más poder económico en el país, están al servicio de las grandes corporaciones económicas, financieras, nacionales y del extranjero y esos son los que no quieren que haya Estado de Derecho”, declaró.
Para el fundador de Morena, esta dependencia de los ministros hacia los poderosos es una de las principales razones por las cuales se oponen a la reforma judicial. Según su postura, no quieren que se establezca un verdadero Estado de Derecho, sino que prefieren mantener lo que él llama “estado de chueco”, en el que la corrupción y el influyentismo siguen dominando las decisiones judiciales.
Durante su conferencia matutina, López Obrador señaló que “lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, porque el Poder Judicial está al servicio de potentados, al servicio de la delincuencia de cuello blanco”.
De acuerdo con el presidente, el actual sistema de justicia no responde a los intereses del pueblo, sino a los de las élites económicas que ejercen influencia directa sobre algunos jueces y magistrados.
Una reforma para liberar al Poder Judicial
La propuesta de López Obrador contempla un cambio radical en la manera en que se eligen los jueces y magistrados en el país. El presidente ha insistido en que la reforma busca que, por primera vez, los jueces sean electos por el pueblo.
De acuerdo con el mandatario, esta medida garantizaría que los jueces “actúen con rectitud” y con una verdadera independencia de las élites económicas y políticas que, según él, actualmente controlan el sistema.
“Al momento de que los jueces sean electos, van a tener que actuar con rectitud. Primero van a tener la arrogancia de sentirse libres, no van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie. Van a tener como jefe al pueblo de México. Al pueblo que es soberano en una República”, subrayó López Obrador.
El mandatario considera que, al ser elegidos democráticamente, los jueces dejarán de estar subordinados a los intereses de corporaciones y personajes influyentes, y en su lugar, responderán directamente a los intereses del pueblo. Esta propuesta, sin embargo, ha sido vista con escepticismo por algunos sectores que consideran que podría politizar aún más el sistema judicial.
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Tribunal independiente
Otro de los puntos clave de la reforma es la creación de un tribunal que funcione de manera autónoma dentro del Poder Judicial. Actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la disciplina y administración de los jueces, pero López Obrador ha criticado que dicho consejo esté, en la práctica, subordinado a los ministros de la SCJN.
Según el líder de la 4T, esta dependencia interna solo perpetúa los problemas de corrupción y parcialidad dentro del sistema.
La reforma, según López Obrador, propone que este nuevo tribunal no dependa de los ministros de la Suprema Corte, para evitar que “pase lo mismo” que ocurre actualmente con el Consejo de la Judicatura. Al contar con un órgano verdaderamente independiente, el presidente confía en que se podrá garantizar la imparcialidad y la rectitud de los jueces en el país.
La Reforma Judicial ha desatado una intensa polémica en el país. Mientras algunos sectores apoyan las medidas propuestas por López Obrador, argumentando que se necesita una transformación profunda en el sistema judicial para acabar con la corrupción y la impunidad, otros, incluidos varios juristas y expertos en derecho, han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de politizar aún más la elección de los jueces.
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