Seguimos revisando todos los permisos de la desaladora.
Aún no existe fecha para iniciar la construcción de la planta desaladora en Playas en Rosarito, con la que se pretende abastecer de agua a la zona costa de Baja California, porque continúa el litigio entre el gobierno del estado con la empresa que anteriormente estaba encargada del proyecto.
“Seguimos revisando todos los permisos, la situación jurídica que existía con la empresa anterior, las modificaciones y la actualización del proyecto”, dijo Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.
Añadió que continúan trabajando en el nuevo proyecto de la mano del gobierno federal, quien otorgó un “apoyo importante”.
Aguas de Rosarito S.A.P.I. de C.V. demandó al gobierno del estado el pago de 51 millones de dólares porque el exgobernador Jaime Bonilla Valdez canceló el contrato de construcción de la planta que había firmado su antecesor, el panista Francisco Vega de Lamadrid, en 2018.
En enero de este año el titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (SIDURT), Arturo Espinoza Jaramillo, declaró que el gobierno federal pagará 400 millones de pesos a la empresa Aguas de Rosarito.
El pago busca poner fin a la demanda en tribunales internacionales en contra el gobierno de Baja California por cancelar el contrato de construcción de la planta desaladora e incluye la compra del terreno en donde será construida.
“Quisiera esperar los tiempos para poder dar los anuncios correspondientes, por el propio diseño de esta obra y el impacto que tiene, sí hemos ido avanzando, se han dado acciones muy relevantes y en su momento podremos anunciar”, añadió la mandataria.
En conferencia de prensa tras la firma de las nuevas condiciones de trabajo con el Sindicato de Burócratas del estado, Ávila Olmeda recordó que el proyecto lleva varios años en desarrollo, por lo que debe ser actualizado.
Además, recordó, el nuevo plan es construir la planta con inversión pública, a diferencia de como se había planteado en gobiernos anteriores mediante la figura de Asociación Público Privada (APP).
“Hay que recordar que este proyecto había sido visto con una importante participación privada en el pasado, ahí hemos venido trabajando en la parte jurídica, siendo respetuoso del derecho privado”, dijo la mandataria.
Agregó que han trabajado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), y otras entidades federales, para avanzar en el proyecto.
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